Joaquim Bosch: “La ley criminaliza al pobre pero es benévola con el ladrón de guante blanco”
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El juez, en la sala de vistas del Juzgado de Instrucción Número 1 de Moncada.
Por José Antequera. Fotos: Rafael Jorge. Viernes, 30 de octubre de 2015
Entrevista
Joaquim Bosch (Cullera, 1965) no es un juez al uso. En España, tradicionalmente ha proliferado el prototipo de juez estirado y hermético, muy alejado de los problemas reales de la sociedad, por lo general descendientes de familias de juristas de rancio abolengo, más bien de ideas conservadoras, cuando no reaccionarias, y con un punto de soberbia. Hasta hoy, ser juez en España ha supuesto pertenecer a una casta privilegiada, poderosa, intocable. Pero Joaquim Bosch, Ximo, como lo conocen sus amigos y allegados, no es de ese palo. Él ejerce la magistratura que le otorga el imperio de la ley con dedicación y humildad, sin endiosamientos, consciente de que ser titular de un órgano judicial supone, ante todo, una vocación de servicio público más que un privilegio dotado de poder. La puerta de su despacho en el pequeño Juzgado de Instrucción Número 1 de Moncada (Valencia) siempre está abierta para los periodistas y el ciudadano en general. Además, desde hace algunos años mantiene una intensa actividad como portavoz de Jueces para la Democracia, una asociación progresista que aglutina a diversos profesionales de la judicatura y que mantiene una actitud crítica constructiva con el Gobierno. En sus casi diarias apariciones en diferentes cadenas de televisión que le han granjeado la fama de juez mediático, Bosch nos explica con palabras llanas y directas, muy alejadas de la jerga farragosa y complicada que emplean los jueces, los males endémicos de la judicatura en España. “A ningún Gobierno le ha interesado resolver los problemas de la Justicia”, asegura Bosch, quien, sin tapujos, hipocresías ni corporativismos de ninguna clase, denuncia que la ley penal española “criminaliza al pobre y beneficia al político corrupto, al ladrón de guante blanco”. Hoy, Joaquim Bosch, colaborador habitual en la sección de Opinión de Revista Gurb, nos abre las puertas de su juzgado, que es tanto como abrir las puertas de la maltrecha, anticuada y defenestrada Justicia española.
Esa propuesta de limitar a seis o a dieciocho meses las investigaciones por casos de fraude y corrupción que plantea el Gobierno del PP ha levantado ampollas entre los jueces y los fiscales…
Claro, hay que tener en cuenta que más de la mitad de los juzgados de instrucción están trabajando, en algunos casos, al doscientos por cien de lo que tenían previsto. Es como si un juez llevara dos juzgados a la vez y esto implica retrasos muy importantes. En muchos juzgados solamente en citar al imputado ya se tarda seis meses, con lo cual es prácticamente imposible…
Cualquier caso de corrupción lleva meses incluso años de investigaciones…
Efectivamente, a los casos ordinarios ya no se llega porque por un lado una pericial caligráfica o una prueba de ADN puede tardar un año y la propia Policía Científica te lo dice: no es que no quieran, sino que ya te avisan de que los tiempos de espera pueden tardar de ocho a doce meses. Hay periciales informáticas, por ejemplo, que tardan dos años en practicarse, con lo cual, hay temas complejos donde las defensas de los imputados, como en los casos de corrupción, intentan demorar la causa por intereses políticos, y la legislación procesal además les favorece con todo tipo de maniobras dilatorias de manera que sería imposible terminar los asuntos en seis meses. Se ha reformado el tema de los plazos, pero ni se acuerda la asignación de recursos suficientes ni tampoco se agiliza el sistema procesal. De manera que si nos obligan a cerrar la instrucción en esos plazos, no habrá pruebas suficientes y se archivarán los asuntos o se irá a juicio con un material probatorio que tampoco será suficiente y eso provocará impunidad.
Y por eso desde Jueces para la Democracia están abiertamente en contra de esta reforma…
Nosotros pensamos que si lo que se quiere de verdad es que los procesos duren menos, y esto sería positivo, lo que hay que ver es cuáles son las causas de los retrasos en los juicios. No se puede pensar que simplemente por un cambio en la ley publicado en el BOE los asuntos se van a resolver antes. Si fuera todo tan sencillo no se entiende por qué ninguna mente privilegiada encontró esta idea antes. Es decir, no es tan sencillo. Y si lo que se cree es que basta con cambiar la ley a seis meses para la instrucción incluso me parece demasiado tiempo, que se regule que en seis meses se acabe todo el proceso hasta la sentencia y así terminaremos antes. Nosotros, desde Jueces para la Democracia, lo que vemos es que no hay una voluntad de modernizar el sistema judicial español. Han sido cuatro años perdidos, primero en la etapa de Gallardón y luego, en el último momento, Catalá ha intentado resolver toda una serie de cosas a través de parches precipitados, con muy poca reflexión. Por tanto, el tema de los plazos no va a resolver el problema, sino que al contrario, lo que va a provocar es que en determinados asuntos como los de corrupción no se resuelvan adecuadamente. Por ejemplo, ¿qué se hubiera sabido si en 18 meses se hubieran tenido que cerrar el caso Urdangarín, el caso de los ERE o el caso Gurtel?
Ese ya va por siete años de instrucción…
¡Claro, siete años! Imposible. Con los medios con los que contamos, estos asuntos a los 18 meses prácticamente no lograríamos averiguar nada, hacen falta muchas investigaciones, con muchos medios, unas pruebas llevan a otras… En esos plazos prácticamente no se habrían encontrado indicios de delito.
Entonces ¿qué se pretende con estas modificaciones, a dónde quiere llegar el Gobierno, a que no se investiguen los casos de corrupción?
Hay miembros del Gobierno que de forma muy reiterada se han quejado de que les perjudica políticamente que los procedimientos duren tanto tiempo, porque eso les supone estar en primera línea de actualidad, con acusaciones de prácticas corruptas, y que siempre han defendido que los procesos judiciales duren poco tiempo. Los jueces estamos de acuerdo en que duren poco tiempo pero la solución no es ordenar que en pocos meses se cierre la instrucción, aunque no haya medios probatorios suficientes. Esto está claro que beneficia fundamentalmente a los corruptos. Si lo que se quiere es de verdad que haya investigaciones cortas, sin que haya presuntos delincuentes beneficiados, lo que se tiene que hacer en asignar los recursos que necesitan nuestros juzgados y reformar la legislación procesal para que los procedimientos no puedan dilatarse tan fácilmente. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que en líneas generales los imputados por corrupción cuentan con importantes despachos de abogados que disponen de más recursos que los propios juzgados y que se acogen a cualquier resquicio que pueda beneficiarles política y penalmente. Pero el Gobierno no ha optado por esa vía de facilitar las actuaciones procesales y dotar de más medios a la Justicia. De hecho, la propia reforma dice que en ningún caso va a suponer la inversión de un solo euro. Con lo cual, pretender que con una ley que tiene este punto de partida se solucionen los problemas es complicado. Yo no voy a entrar en cuál es la razón última del Gobierno, lo que sí está claro es que esta reforma facilitará la impunidad de los casos de corrupción.
La querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y dos miembros de su gobierno por la consulta del 9-N ha creado graves disensiones en el poder judicial. ¿Se está judicializado en demasía el problema catalán? Eso de pasarle la patata caliente al Tribunal Constitucional, ¿no es esconder la cabeza debajo del ala?
La situación en Cataluña, con la querella que se presentó, está contaminada políticamente desde el principio. El partido del Gobierno presionó de manera muy clara a la Fiscalía para que presentara accciones judiciales, y los fiscales competentes se negaron a presentarla porque entendían que no había materia jurídica. Al final tuvo que ser interpuesta por la Fiscalía General del Estado y el propio fiscal general por presiones del Gobierno. Poco tiempo después, fue el fiscal general quien dimitió en parte por estas presiones. Por tanto, la cuestión de salida ya presenta problemas de injerencias políticas. A partir de ahí es cierto que desde el Gobierno catalán también se han escenificado presiones al poder judicial y todo esto viene de un problema de origen que es pensar que el conflicto político de fondo, que es la reivindicación de la independencia, o que se respete el derecho a decidir, es una cuestión que puede ser zanjada en el ámbito judicial, cuando realmente este es un problema que supera las atribuciones propias de los órganos judiciales y que debería ser solucionado a través de acuerdos en el ámbito político. Lo que no resulta admisible es sobrecargar de atribuciones indebidas a los órganos judiciales, por ejemplo, la reciente reforma del Tribunal Constitucional. La Constitución ya indica que el Gobierno puede impulsar a través del artículo 155, en supuestos donde una comunidad autónoma no cumple con sus obligaciones, un procedimiento previsto en la propia Constitución que puede llegar incluso a suspender la autonomía, en este caso de Cataluña, pero siempre con mayoría absoluta en el Senado. Por tanto, el Gobierno políticamente puede resolver estas cuestiones a través de acuerdos o a través de las vías más expeditivas que yo creo que no son aconsejables, pero que en última instancia son políticas. Lo que no puede ser es que el Gobierno no actúe en función de las competencias que tiene atribuidas constitucionalmente, que no llegue a acuerdos con el Gobierno y con las instituciones catalanas y que pretenda que el Tribunal Constitucional pueda suspender de funciones al Gobierno de la Generalitat cuando esta no es la función que en el diseño constitucional está atribuida al tribunal. Por tanto, todo intento de judicializar el conflicto supone una renuncia a entender de alguna manera el problema de la ordenación territorial del Estado, que es de naturaleza política.
Y es ahí donde se generan y trasladan tensiones al poder judicial…
Bueno, ya se han generado, en el caso de la Fiscalía los fiscales catalanes se negaron a presentar una querella y el fiscal general acabó dimitiendo. Efectivamente, lo hemos estado viendo estos días de declaraciones del Gobierno central y protestas encabezadas por miembros de la Generalitat catalana, con manifestaciones ante el tribunal que está juzgando el asunto contra Artur Mas. Es evidente que todo esto está perturbando la independencia judicial y pienso que no es positivo. La solución a estos problemas yo creo que radica en otro ámbito, que es el acuerdo político sobre cuál debe ser la estructura territorial de nuestro Estado, y esto obviamente debe pasar por un consenso entre las principales fuerzas políticas.
¿Entiende que la protesta ante el Tribunal Superior de Justicia de los partidarios de la independencia ha sido una presión contra el poder judicial que debe enjuiciar el caso de Artur Mas? El tribunal habló de un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial…
Hombre, una manifestación espontánea a favor del presidente Artur Mas está claro que no fue, fueron actos de protesta organizados, y yo, desde el respeto al derecho de manifestación y a las libertades de los ciudadanos, pienso que estas protestas se pueden ejercer de manera que no generen presiones en el poder judicial. Y el hecho, sobre todo remarco esto, el hecho de que haya miembros del Gobierno de Cataluña que encabecen manifestaciones delante de un tribunal es contrario a la separación de poderes, es decir, que un conseller de Justicia, por ejemplo, u otros miembros del Gobierno, deben respetar lo que son las competencias y la independencia del poder judicial y no presionarle con su presencia en este tipo de actos porque no es lo mismo presionar a un político que a un juez. Un político tiene que decidir entre cuestiones de tipo más discrecional, por ejemplo, si construye un hospital, una biblioteca o una carretera, y por tanto en este ámbito los ciudadanos tienen derecho a presionarle, a manifestarse, a criticarle, y el político decidirá en función de intereses generales si se deja presionar o qué bienes públicos quiere preservar. Pero el juez no tiene este margen de discrecionalidad, el juez solamente puede aplicar una resolución que suponga el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Si los hechos son constitutivos de delito el juez no puede decir lo contrario porque haya protestas en la calle. Por tanto, que miembros del Gobierno de Cataluña estén presionando a los jueces yo creo que no es positivo como tampoco lo es que el Gobierno central haya intentado influir o haya conseguido que se presente esta querella contra Mas y siga actuando para que los jueces acaben condenando a los gobernantes de Cataluña. Por tanto, yo creo que en estas situaciones lo correcto es dejar trabajar a quien no tiene intereses políticos en el tema, que es el poder judicial, que simplemente determinen si los hechos son constitutivos de delito o no, sin ningún tipo de presión.
Artur Mas dice que se limita a promover pero que él no puso las urnas, ¿hasta qué punto ahí puede haber un comportamiento delictivo?
Yo pienso que es muy dudoso que los hechos sean constitutivos de delito, podrían haberlo sido si tras la suspensión del Tribunal Constitucional la Generalitat hubiera organizado y gestionado un referéndum oficial con censo electoral y con organización de todos los medios. La realidad es que precisamente tras el acuerdo del Tribunal Constitucional, el Gobierno de Cataluña se apartó, es decir, la consulta popular no es la oficial que estaba prevista, fue una consulta extraoficial, simbólica, con voluntarios que gestionaron. Por tanto no está nada claro, en absoluto, que pueda haber habido una desobediencia porque no se hizo un referéndum no previsto en la ley, ni que haya habido actos de prevaricación. Puede haber habido alguna extralimitación en los actos de colaboración institucional y esto es lo que debe aclarar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, aunque para mí es bastante discutible, pero en todo caso remarco que el órgano independiente que cuenta con toda la información que no tiene nadie que esté fuera del tribunal es la sala de lo penal que está analizando esto y es quien debe decidir si hay delito o no.
La Justicia ha condenado a un chaval a seis meses de prisión por darse unas vueltas con una bicicleta que no era suya pese a que ya se ha rehabilitado, tiene trabajo y está integrado en la sociedad. Estas cosas contribuyen al descrédito del poder judicial…
Pues es evidente que las leyes están configuradas de una manera que criminaliza fundamentalmente a la pobreza pero son muy benévolas con la delincuencia de guante blanco. Por ejemplo, hemos tenido unas leyes penales que han previsto penas de prisión para el inmigrante que pone la manta en la calle para poder sobrevivir, pero penas de multa para cargos públicos corruptos que perjudican a toda la sociedad. Por ejemplo, en el ámbito procesal tenemos la legislación de los llamados juicios rápidos que regula que en el mismo día se debe tramitar y juzgar casos contra personas implicadas en asuntos de pequeños delitos contra la propiedad pero hay casos de corrupción que han tardado en instruirse once o doce años. Y de momento no hay ninguna previsión para agilizar los grandes asuntos económicos que provocan un daño gravísimo a la sociedad. Por tanto, efectivamente se debería reorientar el Código Penal para que fuera más justo, y en estos supuestos buscar mecanismos para evitar lo que socialmente se detecta como injusticias.
Cientos de afectados por el escándalo de las preferentes, desahuciados, estafados por los bancos… la Justicia reacciona muy lentamente ante estas situaciones sociales dramáticas ¿no le parece?
En líneas generales al poder político nunca le ha interesado que la Justicia funcione, estamos a la cola europea en número de jueces por habitante, por detrás de países como Moldavia o Albania, y en los países de nuestro entorno cualquier persona que haya viajado ve cómo funciona la Justicia y realmente no hay punto de comparación. No solamente tenemos un problema presupuestario, ya que el gasto en Justicia en España es de los más bajos de toda Europa, sino que además tenemos un problema de organización, es decir, que contamos con muy pocos recursos y muy mal organizados. Antes comentaba el tema de los procesos penales. El proceso penal, entendiendo como tal la ley de enjuiciamiento criminal, es del siglo XIX, y claro, pretender perseguir la delincuencia del siglo XXI con normas del XIX pues es una contradicción. Pero al mismo tiempo la estructura de los juzgados que tenemos también procede del siglo XIX, cuando la sociedad era muy diferente y obviamente no existían nuevas tecnologías ni medios de comunicación como los de ahora. Aquí tenemos un Gobierno que ha tenido mayoría absoluta durante cuatro años para poder transformar de verdad el sistema judicial, pero primero al ministro Gallardón no le interesaba, de hecho no se conoce que pisara un juzgado en todos los años que estuvo en el ministerio, no le interesaba la Justicia, salvo aquello que pudiera promocionarlo políticamente. Dio algunos golpes de efecto, pero esta gestión del servicio público que se da a los ciudadanos no le interesó y cuando fue sustituido por el ministro Catalá, este se dedicó a poner retoques puntuales, como lo que hemos hablado de los plazos para instruir casos de corrupción y anuncios propagandísticos como que se va a eliminar el papel de la oficina judicial el año que viene, justo cuando el Gobierno acaba la legislatura. Y esto es un problema, es un asunto de Estado. Yo creo que las principales fuerzas políticas tendrían que llegar a un pacto de Estado por responsabilidad institucional para que en un tiempo largo, diez o quince años, gobierne quien gobierne, se dote de medidas para equiparar la Justicia a los países europeos de nuestro entorno.
¿Y cómo valora las medidas de Manuela Carmena en Madrid y Ada Colau en Barcelona para mitigar el daño ocasionado a los desahuciados?
Yo creo que son pasos muy positivos porque el derecho constitucional a la vivienda no está regulado en nuestro país realmente de forma correcta. Recuerdo un encuentro que tuve con varios corresponsales de periódicos europeos y un periodista alemán me preguntaba escandalizado que cómo era posible que aquí, cuando se echaba a gente de su casa, tuviera que irse a vivir debajo de un puente o a vivir de la caridad cuando en su país el Estado les garantiza una vivienda. En España esto está mal regulado porque de alguna manera la Constitución no le da una protección suficiente al desahuciado, ya que dice que se deberá respetar el derecho en función de lo que regule la ley, y ahí la ley no regula nada. Pero claro, es cierto que hay una insuficiencia constitucional pero es más cierto todavía que los poderes públicos ni siquiera han respetado el contenido esencial. Que no esté blindado constitucionalmente no significa que los poderes públicos no tuvieran que regularlo adecuadamente. Entonces el problema es que no hay garantías de que nadie va a estar en la calle, no hay medidas de protección a los deudores hipotecarios, porque curiosamente este Gobierno, que ha sido muy generoso con las entidades bancarias y ha aportado miles de millones de euros para proteger sus intereses, cuando se trata de esos pequeños índices de morosidad hipotecaria y desahucios que hay en España, que están en torno a un dos o un tres por ciento, perfectamente se podría obligar a las entidades bancarias a que se les impusiera una moratoria para que no se pudiera desalojar a nadie de sus casas mientras el país se recupera económicamente. Ya que el Gobierno está diciendo reiteradamente que estamos saliendo de la crisis pues eso sería un síntoma de confianza, es decir que los bancos se implicasen para defender el derecho constitucional de los deudores hipotecarios. Pues bien, no ha regulado nada de esto y por tanto hay que ver si otras administraciones pueden adoptar medidas. Yo creo que en el ámbito municipal lo que se está buscando son acuerdos con entidades bancarias para que no desalojen a quienes no pueden pagar, a quienes son deudores de buena fe y no pueden pagar sus hipotecas, y al mismo tiempo buscar medidas de realojo en el ámbito municipal. Yo creo que en esos casos sí que está habiendo un compromiso más claro con el derecho constitucional a la vivienda.
Las expulsiones de la carrera judicial de Baltasar Garzón y Elpidio Silva, ¿han sido una vendetta política?
Creo que en estos casos los tribunales tomaron decisiones que las fundamentaron, que explicaron por qué entendieron que había habido prevaricación. Tenemos conocimiento de que en estos asuntos las sentencias han sido recurridas ante otras instancias, en su caso el Tribunal Europeo y organismos de la ONU, y estamos pendientes de ver qué dicen otros organismos. En su caso, ya valoraríamos en función de lo que se diga.
El caso de Andrea, la niña de 12 años que sufría una enfermedad degenerativa irreversible, ha reabierto el debate sobre la eutanasia. ¿Cree urgente una reforma legal en este sentido?
Yo lo que pienso es que no se puede obligar a ninguna persona a que tenga que morir en medio de grandes sufrimientos, cuando la enfermedad es de carácter incurable, cuando esta persona debería poder decidir libremente si desea que se le aplique una muerte que no sea dolorosa. Castigar penalmente estos supuestos me parece una injerencia desproporcionada del Estado en la vida privada de las personas. Pienso que cada ser humano, en el final de su vida, debe poder decidir cómo trata con la enfermedad y con los sufrimientos que ésta pueda generar. No se trata de incrementar gratuitamente el número de muertes, sino de reducir los sufrimientos en aquellos casos que está médicamente acreditado que estos pacientes no van a tener ya solución y si el sufrimiento que comporta llegar a esta fase de la vida es evitable.
Refugiados: ¿estamos cumpliendo los tratados, podemos hacer más por estas personas?
Creo que es evidente que hay una serie de convenios que obligan a España a conceder una serie de asilos a los refugiados que llegan a nuestras fronteras y que esto no se está cumpliendo. No se está cumpliendo incluso institucionalmente con leyes como la ley de seguridad ciudadana, sino que se está legislando en sentido contrario. Se están regulando las devoluciones en caliente, que suponen una vulneración de los derechos de las personas que llegan a nuestro país por el medio que sea y tienen derecho a que se les conceda asilo. Si se les expulsa en caliente, sin regular un trámite para que puedan ejercer su acción, se están vulnerando todos los derechos humanos que deben ser respetados. También en las fronteras.
Y como ciudadano, no ya como juez, ¿qué siente cuando escucha al cardenal Cañizares decir que los refugiados no son trigo limpio, que no son personas de fiar?
Me parecen unas declaraciones desconcertantes…
¿Qué cree que le pasó a este hombre, que tuvo un mal día?
Pues no sé si es que tuvo un mal día o es que esas declaraciones son producto de unas convicciones más bien profundas. La verdad es que no podemos saberlo. Pero sí que pienso que son declaraciones absolutamente contrarias al humanismo cristiano y a los principios evangélicos más claros. Además son declaraciones contrarias a los derechos humanos, a los derechos de las personas. Lo que no resulta admisible es que por la hipótesis de que pueda haber algún terrorista infiltrado entre las decenas de miles de refugiados no se conceda el derecho al refugio a estas personas. Pero son declaraciones que denotan una xenofobia impropia de una persona que debería manifestar un ecumenismo mayor y un respeto a todas las formas de pensar, a las demás religiones. En este caso además lo que está en juego no es tanto que haya una disparidad digamos religiosa, sino que se trata de unas personas que están huyendo de un conflicto bélico que es notorio que está provocando muertes y miles de heridos. Hay muchos menores en gravísima situación de riesgo, y hay una legislación internacional que protege este derecho de asilo, un derecho que protegió a cientos de miles de españoles en el pasado y a ciudadanos de todo el mundo y que el Estado español debe garantizar. Por tanto, que sea un cardenal, que es una persona proveniente de una confesión religiosa y que demuestra poca caridad, y que además no tenga en cuenta el necesario respeto a los derechos de las personas que tienen que salir de su país por la guerra, quiero pensar que fue un mal día. Pero no comparto en absoluto estas declaraciones.
Otra cuestión, parece que al final el coraje del juez Castro en el caso Noos ha dado sus frutos…
Bueno, hay que recordar que Castro no buscó este asunto, sino que le llegó a través del reparto aleatorio de casos, como le toca a cualquier juez instructor y que ha sido un procedimiento con muchas presiones, con muy pocos medios y con graves dificultades probatorias. Además, con una actitud de la fiscalía que fue especialmente contraria a los esfuerzos que realizaba el juez instructor. Yo creo que se merece el reconocimiento de la sociedad por poder haber llevado adelante un caso de corrupción de esta relevancia.
¿Ve a la infanta Cristina condenada y entrando en prisión o todo quedará en un indulto del Gobierno?
Creo que la instrucción del juez Castro ha demostrado que la Justicia es igual para todos y que nadie está por encima de la ley. Tanto si hay una condena como una absolución, si están motivadas jurídicamente, yo creo que es un signo de que el Estado de Derecho funciona en nuestro país. Y francamente, yo creo que en este delito, como en tantos otros, el indulto podría ser muy cuestionable, a no ser que esté basado en causas tasadas en la ley.
Pero la imagen de ver a una infanta entre rejas resultaría casi de ciencia ficción en esta Justicia española tan conservadora…
Si se demuestra que la infanta ha cometido un delito y es condenada debería cumplir la pena como cualquier otro ciudadano.
¿Vive España un retroceso en derechos y libertades?
Bueno, ha habido un retroceso importante, sobre todo con la ley de seguridad ciudadana y la reforma del Código Penal. Hay que tener en cuenta que se ha criminalizado la protesta social, estamos ante un Gobierno que se ha visto incapaz de convencer a la gente, con argumentos, de que su gestión es la correcta, y al final ha optado por castigar a quienes discrepan. Esto se ha reforzado con la última reforma del Código Penal que, por ejemplo, ha previsto penas de prisión para quienes protesten pacíficamente en el interior de entidades bancarias, o para quienes difundan en las redes sociales contenidos que puedan alterar el orden público, y todo ello siempre a través de conceptos jurídicos indeterminados, ambiguos, que dan un poder desproporcionado a las fuerzas policiales para que interpreten esto y puedan practicar detenciones muy rápidamente. Por tanto, pienso que estamos ante las mayores restricciones de libertad desde la dictadura de Franco, y además sin justificación, porque el propio Gobierno reconoce que el noventa y nueve por ciento de las manifestaciones que se celebran en nuestro país son pacíficas. Por tanto, no son medidas contra las manifestaciones violentas que son claramente esporádicas, sino que son medidas contra las protestas pacíficas, contra actos críticos con una gestión política que forman parte de la pluralidad de una sociedad democrática.
¿Es inconstitucional la ley mordaza?
Yo creo que tiene elementos claramente inconstitucionales, de hecho se ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional y veremos a ver qué decide al alto tribunal.
Reforma laboral, ¿justa o injusta?
Esta reforma ha sido el resultado de las presiones de los lobbies de las grandes entidades bancarias y de las grandes empresas de ámbito internacional para llevar los salarios a la baja. Este ha sido uno de los grandes propósitos de la reforma laboral; lo que sucede es que esto se hace vulnerando muchos derechos laborales, y muchos mecanismos de protección de los trabajadores como la negociación colectiva. Todo esto está recurrido en el Tribunal Constitucional, porque es evidente que en criterios que puedan ser más o menos discutibles, como el de la competitividad, el de aumentar los márgenes empresariales de beneficios, se puede legislar, forma parte de la tarea del legislador siempre y cuando no se vulneren derechos fundamentales de nadie. Pero en este caso de la reforma laboral se pueden haber vulnerado derechos laborales básicos y esto también lo tendrá que valorar el Tribunal Constitucional.
¿Tiene el ciudadano el derecho a conocer los nombres de los defraudadores y corruptos?
Yo creo que aquí tendríamos que distinguir entre las personas anónimas, que no tienen ninguna relevancia pública, donde debe haber siempre una protección del honor y la intimidad personal, salvo que haya un interés general en los asuntos, de aquellos otros casos en que estemos ante actitudes defraudatorias de cargos públicos o de personas con una relevancia social. Ahí creo que debe prevalecer el derecho a la información sobre la privacidad de estas personas.
Se lo pregunto por casos como el del señor Rato…
Yo creo que el señor Rato tiene derecho a su intimidad en asuntos que sean estrictamente privados, es decir, la vida familiar del señor Rato, aunque haya gente que esté interesada en conocerla, ahí debe prevalecer el derecho fundamental a la intimidad porque no hay razones de relevancia social que justifiquen ese sacrificio. En casos de defraudación a las arcas públicas o de actuaciones que puedan suponer irregularidades administrativas o ilícitos penales incluso es evidente que debe prevalecer el derecho a la libertad de informar y sobre todo el derecho de la sociedad a ser informada sobre estas cuestiones.
Y si no ya se procurará él una reunión con el ministro del Interior…
La verdad es que es una reunión que no se informó adecuadamente de cuáles fueron los motivos, a pesar de ser una cuestión de evidente relevancia pública también. Que el ministro del Interior se reúna con un ex ministro de Economía que está siendo investigado, imputado, por toda una serie de delitos, era una cuestión suficientemente importante como para que se informara a los medios de comunicación y no que se descubriera a posteriori que se celebró de tapadillo. Las explicaciones que dio el ministro realmente fueron muy poco convincentes y es lógico que la sociedad quisiera saber si podía haber algún tipo de trato de favor del Gobierno a un imputado como el señor Rato. En todo caso las explicaciones fueron poco convincentes en el sentido de que no es necesario que para que una persona como Rato tenga una proteccíón o escolta policial se tenga que reunir con un ministro en su despacho. Hay otros cauces para resolver esto de una manera más eficiente.
En cualquier país civilizado el ministro habría dimitido pero parece que Spain is different…
No entraría en si debe dimitir o no el ministro del Interior por esta cuestión pero sí que creo que no se ofreció una explicación adecuada de los motivos de la reunión y para el ámbito judicial resulta preocupante que una persona que está siendo investigada pueda recibir algún tipo de trato de favor del Gobierno. Realmente no se aclaró si hubo algún tipo de acuerdo y debió haberse aclarado.
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